Cobertura de los riesgos de enfermedad…

Cobertura de los riesgos de enfermedad…

El Convenio 102 establece que los Estados que lo ratifiquen se obligan a cubrir, por lo menos, tres riesgos considerados importantes. Señala con profusión a qué personas se debe proteger, la cuantía de las prestaciones y los modos de financiamiento de la cobertura de los riesgos de enfermedad, desocupación, vejez, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, muerte, invalidez; y cargas familiares.

Los delegados de los Estados altamente industrializados, y especialmente quienes representaban a los gobiernos y empleadores, no tuvieron mayor problema en aprobar este Convenio, puesto que él no implicaba la creación de nuevas obligaciones contributivas o impositivas. Sus países tenían ya una Seguridad Social o seguros sociales con más elementos que los señalados como mínimos en el Convenio. En realidad, normaban para los países en vías de desarrollo, buscando muchas delegaciones reducir la competitividad de la fuerza de trabajo sin seguros sociales de estos países.

El Convenio 102 ha sido un factor de cierta importancia en el desarrollo de la Seguridad Social en el mundo, más por la difusión de las nociones de protección que contiene que por su carácter normativo. Hasta noviembre de 2007 sólo había sido ratificado por 43 Estados de los 181 que son miembros de la OIT.

Sección 4

Evolución en el Perú

Las primeras medidas de protección contra riesgos sociales.

El Perú arriba tardíamente al desarrollo capitalista en relación a los países europeos y a los Estados Unidos. Recién hacia fines del siglo XIX empezaron a surgir empresas industriales y, con ellas, la clase obrera. Desde entonces, esta clase ha sentido la necesidad de protección contra los riesgos que la afectan. Pero el período de evolución hacia los seguros sociales se alargó aquí demasiado, pese a que las ideas base habían aparecido en Europa en las últimas décadas del siglo XIX, y no se trataba sino de adaptarlas a nuestro medio. La evolución de la protección contra los riesgos sociales ha pasado en el Perú también por las etapas de las técnicas primarias de protección y los seguros sociales, sin llegar luego sino a bordear la Seguridad Social.

De las técnicas primarias de protección la que más importancia llegó a alcanzar es la de la responsabilidad civil. Bajo la influencia de la Ley Francesa de accidentes de trabajo de 1898, y casi reproduciéndola, el diputado del Partido Civil y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, José Matías Manzanilla, elaboró un proyecto de ley para reparar los efectos de los accidentes de trabajo, entre otros para reglamentar el trabajo industrial, por encargo del Presidente de la República, José Pardo y Barreda. Este proyecto no contó con las simpatías de la mayoría de diputados y se le retuvo en las comisiones.

En 1910, fue devuelto al debate y convertido en la Ley 1378, del 20 de enero de 1911, luego de dos explosiones en las minas del centro del país que causaron numerosas víctimas. Esta Ley asumía la teoría del riesgo profesional, haciendo al empresario responsable por los accidentes que les ocurrieran a sus obreros y empleados con salarios o sueldos no superiores a 120 libras peruanas al año “en el hecho del trabajo o con ocasión directa de él”, fórmula que sería repetida en las disposiciones sobre infortunios profesionales que luego se dieron.

Por lo tanto, él debía pagarles los   gastos de curación hasta su recuperación o la determinación de una incapacidad permanente y, si se producía el fallecimiento, debía entregar a los familiares el importe de dos meses de salario o sueldo. Por incapacidad absoluta temporal o definitiva, la ley mandaba pagar el 33% de la remuneración de la víctima. Si el trabajador percibía más de 150 libras al año podía acogerse a la Ley, pero sólo para reclamar una indemnización no superior a este límite, o en su defecto, demandar al empresario invocando el Código Civil. El empresario podía sustituir sus obligaciones por un seguro individual o colectivo a su costo, contratado con una compañía privada de seguros.

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