Contra el Sistema Nacional de Pensiones

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Para vencer esta resistencia, las empresas interesadas y el propio Poder Ejecutivo se lanzaron a una intensa y costosa campaña propagandística de contra el Sistema Nacional de Pensiones al que trataron de desacreditar afirmando que estaba quebrado, sin aludir, no obstante, al pillaje de sus recursos por el Estado.

Finalmente, el Gobierno expidió el D.Ley 25897, el 27/11/1992, admitiendo que la afiliación al Sistema Privado de Pensiones sería voluntaria, aunque, en la práctica resultó obligatoria, pues los empresarios en concierto se negaron a contratar a los trabajadores que no optaban por el Sistema Privado de Pensiones. Luego se daría otras reglas para asegurar esta afiliación obligatoria.

Una vez en este Sistema, los trabajadores ya no podrían salir de él.

Este aspecto del D.Ley 25897 era inconstitucional, porque, según el art. 14° de la Constitución de 1979, entonces en vigencia, era posible la existencia de entidades privadas, aparte del IPSS, aún el campo de los seguros […] siempre que ofrezcan prestaciones mejores o adicionales y haya consentimiento de los asegurados”.

Las Administradoras Privadas de Pensiones (AFP), previstas por el D.Ley 25897 no son propiamente “seguras”, las prestaciones que ofrecían no eran “mejores” ni “adicionales”, y la permanencia en ellas del asegurado dejaba de ser voluntaria. Pero, para la dictadura y los grupos económicos que la sustentaban, entre quienes se hallaban los usufructuarios de las fáciles, rápidas, seguras y altísimas ganancias que la afiliación obligatoria de los trabajadores a las AFP debía suministrar, no importaba la inconstitucionalidad de esa medida ni la inconstitucionalidad genérica del origen de ese Gobierno.

Correlativamente con la emisión de la norma indicada, se dio el D.Ley 25967, del 12/12/1992, imponiendo el requisito de contar con 20 años de servicios para obtener una pensión por el Sistema Nacional de Pensiones, y modificando la base de cálculo de las pensiones. Por una disposición transitoria, los 20 años fueron exigidos a los asegurados que ya habían cumplido el menor tiempo de servicios previsto por el D.Ley 19990 para obtener una pensión. También por este D.Ley se desgajó del IPSS la gestión del Sistema Nacional de Pensiones para entregársela a la Oficina de Normalización Provisional (ONP), una nueva institución pública descentralizada delSector Economía y Finanzas creada por este D.Ley como otro paso hacia la codiciada liquidación del Sistema Nacional de Pensiones.

En la Constitución de 1993, la mayoría perteneciente al Partido en el Gobierno hizo desaparecer toda referencia a la obligatoriedad del aseguramiento en alguna institución nacional de Seguridad Social y, antes bien, se declaró que:

“El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas.”(Art. 11°).

Para sus autores esta norma debía propiciar la afiliación al Sistema Privado de Pensiones; pero ese “libre acceso” se volvió contra éste, puesto que implica no sólo la libertad de afiliación, sino también la de desafiliación y la posibilidad del asegurado de su retorno al Sistema Privado de Pensiones. Pero tampoco este artículo fue aplicado.

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